Hace tiempo que esta noticia empezo a rondar. EEUU quiere declarar terrorismo el activismo ecologista.
La senadora republicana Val Stevens presentó un proyecto de Ley que apunta a penalizar ataques ‘terroristas’ hacia empresas y organizaciones que hacen uso y explotación comercial de recursos animales y naturales.
La estrategia semántica de esta Ley comienza por definir el ‘eco-terrorismo’ como:
“..dos o más personas con el principal o incidental objetivo de intimidar, coaccionar, atemorizar en el intento de obstruir o impedir a cualquier persona participar en una actividad que involucre el uso de recursos animales o naturales”.
Esto podría incluir a movimientos activistas que funcionan a la luz pública y dentro del marco de las leyes, amparados principalmente por el derecho universal a la libre expresión.
El texto especifica que las personas que ocupen u obstaculicen las instalaciones de alguno de los centros antes mencionados y que rehúsen abandonar dichos lugares incurren en el delito de ecoterrorismo.
Hay cláusulas específicas que cubren los aspectos de participación, como, por ejemplo:
“Participar en apoyo del terrorismo ecológico incluyendo recaudaciones, encuestas, recolecciones o proveer a cualquier persona con apoyo material, financiero u otros recursos como cobijo, entrenamiento, documentación falsa, comunicaciones, equipamiento o transporte que vayan a ser usados en su totalidad o en parte, así como alentar, planificar, preparar, llevar a cabo, publicitar, promover o ayudar a un acto de terrorismo ecológico o en defensa de los animales”.
Esta última cláusula encierra el mayor peligro de todo el texto, ya que busca claramente vulnerar los derechos de libre expresión usando los términos “publicitar” o “promover”.
Según publicaciones a favor del las causas ecologistas y la libertad de expresión, el lenguaje utilizado en este proyecto de ley está basado en otros pertenecientes a la organización conservadora ALEC(Consejo Norteamericano de Intercambio Legislativo) que se dedica a redactar y apoyar proyectos de Ley (muchos de los cuales han terminado aprobados) que benefician directamente a actividades empresariales en detrimento del medioambiente. Entre sus variadas actividades en el pasado se encuentran diversas campañas realizadas en la década de los 80 y 90 a favor de las tabacaleras y el hábito de fumar así como su oposición a la actual reforma sanitaria y al protocolo de Kioto.
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